La norma aprobada puede ser calificada directamente de “dislate Jurídico” y parecería haber sido impulsada con una enorme desprolijidad y múltiples correcciones por diversas fuerzas políticas, movidas más por necesidades propias que por la clara voluntad de resolver el gigantesco problema de inseguridad que sufre la población de la Provincia de Buenos Aires.
Más allá de la cuestión principal de su conveniencia o no, el proyecto adolece de una falla esencial: la norma dice crear una Policía y en realidad no lo hace. Lo que esos artículos originan, puede ser calificado de diversas maneras, pero esa nueva institución no puede ser tenida como una verdadera policía en el sentido esencial, propio y funcional del término. Y digo que no es una policía por muchas razones que brevemente paso a enumerar.
No puede investigar. (Art. 14 B).
No puede identificar a personas.
No le está permitido detener para averiguar identidades o antecedentes, ni siquiera por lapsos muy cortos.
No puede garantizar el mantenimiento del orden público. (Art. 14 C).
No puede hacer operativos de tránsito. (Art. 13 F).
No puede actuar como defensa civil, inclusive en el caso de desgracias masivas, cuando el hecho se produce. (Art. 13 G).
No puede custodiar edificios públicos, muchos de los cuales como los Municipios contienen valores que son los pagos por impuestos y tasas de los contribuyentes que se realizan diariamente. (Art. 13 E).
No tienen garantizada su financiación.
No la entrenan especialistas en las funciones y tareas policiales. (Art. 67 al 70).
No pueden sus miembros portar armas fuera del horario de servicio.
Queda muy claro que esta institución puede ser tenida como una organización para recorrer los barrios pero no como una policía para garantizar la vigencia de la ley, que es justamente lo que se necesita en los grandes distritos del Gran Buenos Aires.
Lo que no queda claro es cuál es realmente el objetivo. Si se trata de oportunismo político o de sacarse de encima la complicación policial por parte del Gobierno de la Provincia. O de generar más caos por algunos pequeños grupos que lo que quieren es que todo vaya peor. O de ingenuidad, simpleza, ignorancia, o desconocimiento de la propia realidad.
Si hay un pecado grave en la tarea de legislar es justamente tergiversar los fines de las normas y si hay un error profundo en esa función legislativa es copiar soluciones adecuadas a otras realidades y pretenderlas aplicar a las propias, sin una profunda y muy sensata adecuación.
Veremos que pasa, si continúan los errores y las improvisaciones o si, por fin, prevalece la razón, la prudencia y la realidad en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
